Milagros que no están al alcance de San Cayetano

L os “milagros económicos” suelen ser adjudicados –académicamente- a aquellos países que en 10 años logran duplicar su Producto Bruto Interno, como resultado de un conjunto de políticas coordinadas y persistentes para alcanzar ese fin. La Argentina está lamentablemente en las antípodas. Hace más de una década padece estanflación (estancamiento productivo y alta inflación, de dos dígitos anuales); la inversión es tan baja que no alcanza para reponer capital y la creación de empleos privados (formales) mantuvo una línea plana que se tornó declinante con la pandemia de Covid.

Una mirada retrospectiva más amplia revela un retroceso pavoroso: el PBI por habitante es actualmente similar al de 1974, según un cálculo del economista Martín Rapetti, director ejecutivo de Equilibra – Centro de Análisis Económicos. A lo largo de esos 47 años –con tres hiperinflaciones incluídas- sólo hubo períodos relativamente cortos de expansión económica (los primeros años de la convertibilidad y del gobierno de Néstor Kirchner), precedidos y seguidos por grandes crisis cambiarias. Así, la evolución del PBI muestra una curva de fuertes altibajos semejante a un electrocardiograma y su consecuencia es una “torta” productiva más chica para repartir entre más población. Más cerca en el tiempo, el Estudio Broda estima que el PBI de 2021 será igual al del segundo trimestre de 2010 y 11% inferior en términos per cápita, pese al repunte estadístico de 7,2% que prevé para este año tras la caída de casi 10% en 2020. Este lapso abarca los dos mandatos de Cristina Kirchner, el de Mauricio Macri y la mitad de Alberto Fernández. Ninguno puede arrojar entonces la primera piedra.

Sin estabilidad ni crecimiento sostenido de la actividad económica y la inversión, o viceversa, tampoco será posible generar un shock de nuevos empleos de calidad para que más gente pueda salir de la pobreza, que alcanza al 42% de la población.

Por eso vale la pena tener en cuenta esta realidad cuando hoy se celebra el día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo para la Iglesia Católica.

Durante décadas, miles de peregrinos desfilaron y oraron cada 7 de agosto ante su imagen, ya sea para pedir o agradecer individualmente por su trabajo. Pero desde hace 40 años el templo del barrio de Liniers pasó a convertirse en un escenario político-sindical y/o punto de partida de masivas marchas hasta la Casa Rosada. Desde 1981, con Saúl Ubaldini a la cabeza de la CGT contra la dictadura militar y luego con sus 13 huelgas generales durante el gobierno de Raúl Alfonsín, hasta la movilización que hoy organiza denominado “triunvirato San Cayetano”, alumbrado en 2016 por la CCC, Barrios de Pie y el Movimiento Evita, junto con la UTEP y el Frente Darío Santillán como organizadores de la movilización a Plaza de Mayo bajo la consigna “Tierra, Techo y Trabajo” (TTT) bendecida por el Papa Francisco, aunque ciertamente debería ser en orden inverso.

Sin embargo, la actual radiografía del mercado laboral argentino no permite esperar milagros a corto plazo en materia de empleo, a menos que se avance en reformas de fondo y no en una sucesión de parches, a veces superpuestos o contradictorios entre sí.

Según datos del Indec (Cuentas de Generación del Ingreso) procesados por Juan Luis Bour, economista jefe de FIEL, al cabo del primer trimestre de 2021 había 20,56 millones de trabajadores, con un repunte de 1,4% respecto del cuarto trimestre de 2020 que no alcanzó a contrarrestar la caída interanual de -4,8% frente al mismo periodo de 2019.

De ese total, 15,11 millones son asalariados y 5,45 millones, no asalariados (cuentapropistas, autónomos, monotributistas, trabajadores precarios), donde la caída de ingresos reales más deteriora a los segmentos de clase media para abajo.

Entre los primeros, 11,54 millones corresponden al sector privado (con una baja interanual de -3,2%) y 3,57 millones al sector público (con un alza de 0,8%). Pero el número de asalariados registrados se reduce a 6,89 millones (-2,4% interanual) y el de no registrados a 4,64 millones (-4,7%), lo cual explica el aumento de la informalidad laboral, agravada durante el primer año de la pandemia.

Paralelamente, la tasa de desempleo de 10,2% en el primer trimestre afectó a 1,33 millón de personas y la de subempleo al 11,9%.

Este deterioro no sólo es producto de las crisis económicas, la estanflación y el Covid, sino también de una legislación obsoleta, rígida, diseñada sólo para el empleo formal y, por lo tanto, alejada de la actual realidad laboral. La ley de Contratos de Trabajo rige desde 1974, cuando la pobreza era de apenas 4% y no existían las computadoras, internet, el comercio electrónico, la industria 4.0, la exportación de servicios de conocimiento, las fintech, ni el trabajo en plataformas digitales (apps). Aun así, está próxima a cumplir medio siglo sin mayores reformas. Otro tanto ocurre con algunos convenios colectivos sectoriales sancionados hace más de 70 años durante el primer peronismo.

A esto se agrega el drama educativo que afecta al mercado laboral, como acaba de comprobarlo la automotriz Toyota, que en vísperas de San Cayetano no pudo incorporar a 200 operarios en su planta de Zárate porque los postulantes no tenían secundario completo, ni comprensión de textos o consignas. No es extraño, ya que en la provincia de Buenos Aires la mitad de los estudiantes que empiezan la secundaria no logran terminarla y la pobreza afecta al 53 % de los jóvenes. Por eso fue insólita la respuesta del intendente municipal Osvaldo Caffaro, que gobierna desde 2007 y dijo que iba a tratar de armar “un montón de programas (de capacitación) que teníamos sueltos o íbamos a iniciar”, para buscar una nivelación rápida de 2 o 3 meses.

Para generar empleos hay que trabajar simultáneamente desde arriba (con una política económica que promueva inversiones productivas) y desde abajo (con los chicos excluidos por la baja calidad educativa, agravada ahora por la pandemia). También estimular la matrícula universitaria en ciencias duras y adaptar los contenidos de enseñanza a los cambios tecnológicos para vincular la educación con el trabajo. Por caso, la industria del software mantiene anualmente sin cubrir entre 5000 y 10.000 puestos en un sector que emplea a 115.000 especialistas y lo mismo ocurre con la economía del conocimiento.

Otro problema grave son los costos de contratación laboral, más allá de la prohibición de despidos y la doble indemnización. A tal punto que, para disimularlos, los últimos aumentos salariales en paritarias (Comercio, Uocra, Sanidad) impulsados por el propio Gobierno para subir el piso entre 42 y 49% tienen un carácter inicial no remunerativo, o sea, sin aportes. Aun así, las empresas descuentan que al año siguiente se incorporan a los sueldos de convenio con todas las cargas previsionales y sociales.

Mientras tanto, el gobierno del Frente de Todos se ocupa de otras medidas con rédito electoral, como la aprobación de los estatutos de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que nuclea a más de 6 millones de personas (aunque sin otorgarle personería gremial). O el plan “Te sumo”, para que 50.000 jóvenes de 18 a 24 años puedan capacitarse en oficios durante 4 horas diarias en micropymes, con una asignación estatal de 11.000 a 18.000 pesos mensuales por un año. Paralelamente, Cristina Kirchner sigue de cerca la sucesión de dirigentes sindicales históricos que ya anunciaron su retiro como Juan Carlos Schmidt (Dragado y Balizamiento) o están por anunciarlo como Armando Cavalieri (Mercantiles), con el evidente propósito de colocar a sindicalistas afines.

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