Según la acusación, Orihuela trabajaba como oficial de guardia de la Unidad Especial Casa de Gobierno cuando ocurrió el robo en la planta baja del edificio de 3 de Febrero al 2600. Fue el domingo 23 de julio de 2017. Los fiscales plantearon en el juicio que “el policía rompió la cerradura de una oficina y se apoderó ilegítimamente de una computadora portátil marca BGH modelo e-nova y de un teléfono celular marca LG modelo Spirit”, ambos bienes pertenecientes al Estado provincial.
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Días después intentó vender los dispositivos a través de Internet “como si hubieran sido suyos”. El efectivo realizó una publicación en la red social Facebook en la que detalló características y precios de la computadora y el celular robados de la Casa Gris. Lo hizo sin reparos: en la cuenta desde la que difundió el mensaje figuraban su nombre y apellido.
A raíz de esa publicación se realizó un procedimiento entrega controlada. Es decir, una persona vinculada a la investigación simuló tener interés en adquirir la computadora portátil y pactó un punto de encuentro para concretar la compra. Orihuela fue hasta ese lugar donde fue detenido con la máquina robada en su poder.
El policía fue acusado como autor del delito de robo agravado por ser integrante de una fuerza de seguridad y de una tentativa de defraudación. En el acuerdo abreviado, la defensa aceptó la calificación penal de los ilícitos y la pena impuesta.
Como los bienes sustraídos pertenecen al Poder Ejecutivo de la provincia, fue notificado del procedimiento el fiscal de Estado, Rubén Luis Weder, quien brindó su conformidad con lo resuelto en el trámite penal.
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